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Ponen candados contra outsourcing

Azucena Vásquez ı Reforma



La Secretaría de Hacienda pretende poner candados al nuevo Régimen Simplificado de Confianza para evitar la simulación de prestación de servicios profesionales independientes, y quien le dé tal uso será acusado por delito fiscal.

Con los cambios en materia de subcontratación laboral, los contribuyentes que proporcionaban los servicios conocidos como "#outsourcing" han migrado a otros esquemas de organización comercial y, por lo tanto, los trabajadores se han sumado a las empresas para las que realmente laboran, se lee en la Iniciativa con Proyecto de Decreto que plantea modificaciones al Código Fiscal.

Sin embargo, la dependencia ha detectado que en algunos casos las empresas en lugar de reconocer a los trabajadores como propios, simulan la existencia de una prestación de #serviciosprofesionalesindependientes.

Por esto, tomando en cuenta los beneficios que el Régimen Simplificado de Confianza plantea otorgar a las personas físicas- como tasas de uno por ciento para el pago de impuestos- y para inhibir su utilización en estos casos, se propone que esta práctica sea considerada defraudación fiscal y la pena por ello será incluso mayor a la establecida por este delito.

Actualmente, la pena va de 3 meses hasta nueve años de prisión, de acuerdo con el monto de lo defraudado, y la propuesta contempla que estas sanciones se incrementen en una mitad cuando se utilice el nuevo Régimen Simplificado de Confianza en la simulación señalada. Sin embargo, la ejecución de estos candados puede ser complicada.

“Es una propuesta controvertida porque habría que ver que efectivamente haya manera de demostrar esa defraudación, ya que los contratos de prestación de servicios profesionales son legales y tienen su cobertura jurídica en la propia ley del Impuesto Sobre la Renta y en el propio Código Civil”, opinó Manuel Fuentes, abogado laboral.

En un caso así, sería necesario probar que el contribuyente es un trabajador con horario establecido, oficina de trabajo u otros aspectos que lo validen como tal y no un profesional independiente que ofrece sus servicios a una empresa, mencionó.

Alertó que, al tratarse de un cambio planteado de manera tan general, existe el riesgo de que resulte inaplicable o, peor aún, se implemente con discrecionalidad.

Adicionalmente, esta propuesta refleja un interés del Gobierno de garantizar una mayor recaudación sin que al mismo tiempo se reflejen equilibrios para mejorar salarios y prestaciones de trabajadores, pendientes que no resolvió la reglamentación de la subcontratación, agregó.

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